La administración municipal de Celaya mantiene en análisis jurídico el amparo promovido por el ex presidente municipal Javier Mendoza Márquez, mediante el cual busca conservar una camioneta blindada y el servicio de 5 escoltas, a pesar de que el periodo legal de protección posterior a su mandato ya venció.
Al respecto, el presidente municipal Juan Miguel Ramírez Sánchez precisó que la normativa establece claramente que la protección institucional para ex alcaldes tiene una duración máxima de un año una vez concluido su encargo.
“Por ley es un año”, subrayó el edil, al señalar que, aun considerando prórrogas, el apoyo otorgado al ex funcionario superó el límite legal establecido.
El alcalde explicó que el ex edil y su equipo justificaron la solicitud del amparo argumentando presuntas afectaciones externas. “Él y su equipo argumentan que tiene daños colaterales”, indicó, situación que fue valorada por instancias externas al Ayuntamiento y que actualmente se encuentra bajo revisión legal.
Mientras el proceso jurídico continúa, tanto la camioneta blindada como el servicio de escoltas siguen siendo cubiertos con recursos del gobierno municipal de Celaya, lo que mantiene abierto el debate sobre el uso y la legalidad del gasto público en este caso.
La autoridad municipal informó que se dará seguimiento puntual al análisis jurídico del amparo para determinar las acciones procedentes conforme a la ley y garantizar el uso responsable de los recursos públicos.